lunes, 3 de mayo de 2010


En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles, socialista masón, promovió la reglamentación del artículo 130 de la Constitución a fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los severos controles que la Constitución de 1917 estableció como parte del modelo de sujeción de las iglesias al Estado aprobado por los masones. Estos instrumentos buscaban limitar o eliminar la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero--dadas algunas características de la legislación, como el hecho que se obligaba a los ministros de culto a casarse y se prohibía la existencia de comunidades religiosas--es posible afirmar que tenían un claro sesgo anti-católico por ser esta confesión la única que en México cuenta con ministros solteros y con comunidades en las que personas deciden convivir.

La ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los "ministros del culto". Tal fue el caso de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canabal del estado de Tabasco quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los "ministros del culto" a casarse para poder oficiar, mientras que en estados como Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia católica a operar con un número mínimo de presbíteros, mientras que en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros.

En 1925, con apoyo de la CROM se creó la Iglesia Católica Nacional Mexicana, dotándola de edificios, recursos y medios para romper con El Vaticano. Confrontada con esta situación, la Iglesia intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia católica en México se radicalizaran.

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